Los sobrevivientes de las explosiones manifestaron que interpondrán un amparo contra la modificación
Por Elizabeth Rivera Avelar
Los lesionados por las explosiones del 22 de abril demandan que les hablen con base en la realidad y la verdad, y que les clarifiquen si a los apoyos que les dan, por medio del fideicomiso, les va a aplicar lo que les dijeron de palabra y lo que declaró el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez o lo que aprobó este martes el Comité Técnico del Fideicomiso de Apoyo de Seguridad Social (FIASS), ya sostienen que las dos versiones no coinciden, declaró Sonia Solorzano, representante legal de los afectados ante ese fideicomiso.
“Verbalmente se nos dice que va a haber un incremento, que va haber un apoyo, que va a haber un beneficio, pero lo que se firmó dice lo contrario; es decir que no hay coherencia en lo que se declara a lo que se firma, a lo que se autoriza, se no está hecha de ignorantes, se nos dice que no sabemos. Entonces realmente estamos en la confusión, declaran que nos van a dar 16,000 pesos, si no me equivoco, pero el convenio que se autorizó ayer, que autorizaron seis funcionarios del Gobierno del Estado, más no los cuatro representantes legales de los lesionados, en el convenio físico dice que se nos va a pagar en UMAS, pero verbalmente y el informe de gobierno el estado dice que son 16,000 pesos, entonces no hay congruencia con lo que se firma y con lo que se dice”, expresó.
La integrante del fideicomiso reiteró que lo que aprobaron los funcionarios estatales que forman parte del fideicomiso es cambiar la referencia para los pagos de Salarios Mínimos a UMAS.
Refirió que actualmente reciben 3 salarios mínimos diarios al mes, lo que equivale a 15 mil 558, si les hacen válido el incremento a este indicador les aumentaría a 16 mil 774. Sin embargo, si en algún momento toman como referencia lo aprobado en el convenio, la UMA les darían únicamente 9 mil 336 pesos, esto sería 7 mil 438 pesos menos.
Los sobrevivientes de las explosiones manifestaron que interpondrán un amparo contra la modificación. También demandaron una reunión con el secretario general de gobierno, Enrique Ibarra Pedroza, para aclarar las inconsistencias.