A través de un nuevo informe, la Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán, advirtió que los talibanes desde su regreso al poder el 15 de agosto de 2021, han perpetrado una serie de castigos corporales, entre los que se incluyen, latigazos o flagelaciones, lapidaciones, obligar a la gente a permanecer de pie en agua fría y afeitarse la cabeza a la fuerza. Todo esto, tras desalojar al Gobierno elegido democráticamente.
Además, el informe detalla que el “sistema jurídico afgano no salvaguarda las garantías mínimas de un juicio justo y del debido proceso y los abogados defensores denuncian dificultades para reunirse con sus clientes, acceder a los lugares de detención y ser marginados en los procesos judiciales”.
En medio de la crisis, la Misión de Asistencia de la ONU señaló que “la negativa de los talibanes a conceder licencias a las abogadas defensoras y la exclusión de las juezas del sistema judicial están repercutiendo en el acceso de las mujeres y las niñas a la justicia”.
Tan sólo en los últimos seis meses, 274 hombres, 58 mujeres y dos niños han sido azotados públicamente. Fiona Frazer, jefa de derechos humanos de la Misión, enfatizó que “el castigo corporal es una violación de la Convención contra la Tortura y debe cesar”.
La misma fuente, arrojó que entre el 15 de agosto de 2021 y el 12 de noviembre de 2022, se registraron al menos 18 casos de castigos corporales judiciales llevados a cabo por tribunales provinciales, de distrito y de apelación de facto.
En el informe, se explica que “dentro de los 18 casos documentados, 33 hombres y 22 mujeres fueron castigados, incluidas dos niñas. La gran mayoría de los castigos, tanto para hombres como para mujeres, estaban relacionados con el adulterio o la huida del hogar y todas las mujeres y niñas que recibieron una sanción, según los informes, fueron condenadas por tales delitos”.
La ONU alertó que “la situación política y la crisis humanitaria a las que se enfrenta Afganistán han provocado una disminución de la financiación de los servicios de apoyo médico y psicosocial, lo que significa que las personas que sufren daños como consecuencia del castigo corporal tienen menos probabilidades de acceder a los servicios”.