Organizaciones denunciaron frente al palacio de gobierno, que en la entidad se tiene un retroceso en los derechos de las infancias y adolescencias, y responsabilizaron a la legislatura que encabeza Luis Alfonso Silva Romo, el aprobar leyes que no serán de beneficio pues crearán vacíos legales para este sector.
Señalaron que la LXV Legislatura local encabezada por Luis Alfonso Silva Romo, ha puesto un revés grave a la legislación estatal en materia de protección y garantía de los derechos de niñeces y adolescencias, mediante la aprobación de una nueva Ley en la materia votada en la sesión del 20 de septiembre, la cual no vela por el sector, no los toma en cuenta como tal y no se derogó la ley anterior.
La representante de Consorcio para el Diálogo Parlamentario, Yesica Sánchez Maya, afirmó que como organizaciones se sienten profundamente desconcertadas e indignadas por la forma en que se operó la aprobación del proceso de construcción de la Ley, pues si bien se les convocó a algunas reuniones de trabajo por parte de la diputada Xochil Jazmin Velásquez Vasquez, se le hicieron saber diversas preocupaciones y propuestas a mejorar.
Sin embargo dicha ley las dejó de lado y se aprobó sin un estudio a conciencia del enfoque de derechos, lo que muestra que se aprobará con regresiones y de manera improvisada y sin criterio homologado con las demás leyes y reglamentos que deberían haber sido reformados para que dicha Ley tuviera la eficacia presupuestal, operativa y de personal.
El congreso debió establecer de forma irrenunciable una ruta seria y amplia para armonización de todo el marco normativo legal que genere una real protección de las niñas, niños y adolescentes en la entidad, de ahí que resulta urgente que esta ley a todas luces regresiva, sea derogada para evitar que se genere un colapso de alto impacto en perjuicio de las niñeces y adolescencias.
Señaló de que al conocer el texto de la nueva ley, se hizo del conocimiento al presidente del Congreso Luis Alfonso Silva Romo de la gravedad de dicha aprobación, a lo que hizo caso omiso y se lavó las manos, al igual que el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, quien también hizo caso nulo.
Por ello iniciaron una ruta jurídica para que se derogue esta ley a través de amparos, ya que no se tienen ahora certeza de que ley estará vigente para dar garantías a este sector.