Con el propósito de visibilizar los problemas de violencia que sufren las mujeres en los centros carcelarios y de detenciones, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato, esto a fin de que la Secretaría de Seguridad Pública ponga en marcha acciones de prevención.
El diputado Gustavo Adolfo Alfaro Reyes, argumentó que las mujeres privadas de su libertad tienen derecho a no ser víctimas de ningún tipo de violencia, por lo que deben recibir la protección y atención adecuadas por parte de las autoridades del Centro de readaptación, así como también el tener acceso a la atención médica durante el periodo de gestación, parto y el puerperio.
Si bien, Alfaro Reyes reconoció que existe legislación en la materia, destacó que se necesita dar paso a una revisión y actualización, ya que afirmó que al interior de los centros penitenciarios se ha llegado a documentar violaciones sistemáticas a los derechos humanos, esto derivado de la poca supervisión y en ocasiones al abandono de las autoridades u órganos protectores de los derechos humanos.
El legislador citó que “de acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) en México, el 41% de las mujeres detenidas por la Marina fueron violadas, y el 21% de las detenidas por el Ejército también. El 48% de todas ellas declararon haber sido torturadas y el 48,8% sufrió alguna agresión física antes de llegar ante el Ministerio Público, lugar en dónde se realizan las denuncias o llevan a las personas detenidas”.
Además, recalcó que las cifras disponibles arrojan que el 34% de las personas han declarado haber sido agredidas por los custodios, mientras que al 58% no se les informó del motivo de su detención y al 65% no se les dio a conocer sobre sus derechos todo lo cual provoca indefensión.
Dicho lo anterior, Alfaro Reyes defendió que la iniciativa buscará el agregar en las facultades del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, el realizar las acciones e implementar las medidas para evitar cualquier manifestación de violencia a las que se refiere la presente ley hacia las mujeres internadas en los Centros de Readaptación Social que estén bajo su competencia. La iniciativa fue turnada a la Comisión Para la Igualdad de Género.