Bajo el argumento de que más de 181 mil guanajuatenses son consumidores frecuentes de drogas ilegales y 70 mil personas, son consideradas adictas severas a las sustancias sicotrópicas y drogas legales como el alcohol y el tabaco, la diputada Alma Alcaraz Hernández, presentó un punto de acuerdo para que el titular de la Secretaría de Salud, Daniel Díaz Martínez, emita un protocolo de atención para este sector de la población, además de que se pongan en marcha operativos para vigilar la operación de los Centros de Rehabilitación.
Cabe destacar que la propuesta también tiene como objetivo que el exhorto sea para los 46 Municipios del Estado, esto para que los operativos logren detectar, investigar y sancionar la posible comisión de delitos dentro de dichos lugares. La legisladora, destacó que en Guanajuato más de 215 mil 949 personas han consumido alguna droga legal o ilegal, por lo menos una vez en su vida.
Si bien, reconoció Alcaraz Hernández que las autoridades guanajuatenses han implementado el Programa Planet Youth para prevenir adicciones en niñas, niños y adolescentes, la congresista destacó que también requieren de tratamiento quienes ya poseen una adicción.
A lo anterior agregó que en “Guanajuato, la Secretaría de Salud ubica por lo menos 250 centros de rehabilitación, de los cuales únicamente 13 cumplen la norma. Asimismo, en la entidad existen 286 anexos, de los cuales 262 son irregulares”.
De este último punto, resaltó que la falta de regulación y certificación ha generado que estos centros, coloquialmente conocidos como anexos, se hayan convertido en espacios perfectos para la comisión de diversos delitos que van desde la tortura, los golpes, violaciones sexuales, privación ilegal de la libertad, tráfico de estupefacientes, reclutamiento de miembros para las organizaciones criminales, el ocultamiento de delincuentes, irrupciones violentas y ataques armados que han perpetrado multihomicidios.
A manera de conclusión, Alcaraz Hernández indicó que para lograr lo planteado se necesita de la participación del gobierno estatal y de los gobiernos municipales, tanto para garantizar el tratamiento por parte de profesionales para personas con adicciones, así como también para asegurar que los anexos cumplen con todas las normas y protocolos necesarios, y que de esta manera se dé un proceso de rehabilitación con respeto a los derechos humanos. El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Salud Pública para su estudio y dictaminación.