Amnistía Internacional se pronunció en relación al paro estudiantil que se registró en septiembre del 2023, señalando que se trató de alumnas y alumnos que ejercieron su derecho a la protesta y a la asociación pacífica.
Mediante sus redes sociales oficiales relataron que “las y los estudiantes crearon un pliego petitorio, que incluía no ejercer acciones legales contra las personas participantes en el paro”, a pesar de lo ya mencionado comunicaron que recientemente se tuvo conocimiento de siete estudiantes que fueron acusados de daños a edificios públicos por la Universidad de Guanajuato (UG).
En este sentido, Amnistía Internacional destacó que “iniciar un proceso penal contra las y los estudiantes configura un intento de reprimir el derecho a la protesta y asociación pacífica”, aunado a que “este hecho afecta los recursos económicos, la salud psicológica y las relaciones interpersonales de las y los estudiantes acusadas/os”.
Por lo anterior, hicieron un llamado a las autoridades de Guanajuato, a la Fiscalía General del Estado (FGE) y a la UG a “garantizar, respetar y proteger el derecho a la protesta y asociación pacífica”.