Alejandra Orozco | El Siete de Chiapas
En días pasados, el Senado de la República aprobó la modificación del Artículo 2 de la Constitución para que las prácticas de usos y costumbres que se tienen en las comunidades indígenas, por ningún motivo vulneren los derechos humanos de las niñas y niños, lo cual prohibiría el matrimonio infantil.
Actualmente la iniciativa fue turnada a la Cámara de Diputados, lo cual significaría un gran avance en la protección de los derechos de la infancia y la adolescencia, pues aunque la edad mínima legal para casarse son los 18 años, sigue siendo una realidad, sobre todo en los pueblos originarios.
Pedro Gutiérrrez Sánchez, presidente de la Asociación de Profesionistas Indígenas, señaló que este es un tema delicado e importante, pues los derechos de niños, niñas y adolescentes deben ser respetados para crecer de manera integral, y no ser obligados a casarse por usos y costumbres o a cambio de algo.
Datos del Consejo Nacional de Población (Conapo) estiman que el tres por ciento de las mujeres entre 20 y 24 años en zonas urbanas, establecieron una unión antes de cumplir los 15 años, proporción que se eleva al seis por ciento en áreas rurales, y que alcanza al ocho por ciento de las personas hablantes en regiones donde predomina una lengua indígena.
Esta situación también alienta los embarazos infantiles y adolescentes: en el país, nacen cada día en promedio mil bebés de niñas y adolescentes menores de 19 años; tan solo en 2022, nacieron 9 mil 185 bebés de niñas madres menores de 15 años; 98 por ciento de las cuales tenían entre 13 y 14 años.
Los estados que registran el mayor número de casos son Chiapas, Coahuila, Guerrero y Veracruz, así como el número de muertes maternas por esta causa, por lo cual la prohibición de esta práctica causaría un gran impacto en todos los aspectos para la población originaria menor de edad, especialmente en las comunidades indígenas del estado.