El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), y la Unión Democrática de Pueblos y Comunidades Indígenas, mantienen la búsqueda de los militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos hace casi 16 años en el centro de la Ciudad de Oaxaca.
Señalaron que al término de la jornada nacional de lucha por justicia, verdad, libertad, presentación y el derecho a la protesta que iniciaron el primero de mayo en el estado de Chiapas, continuaron en la ciudad capital de Oaxaca, para seguir en la Ciudad de México.
Dijeron que luchan para que se esclarezca un crimen de Estado y de lesa humanidad en el que los perpetradores siguen sin ser enjuiciados y castigados, al contrario, el gobierno morenista los protege con el manto de la impunidad para el cometido de nuevos crimenes de lesa humanidad.
Explicaron que en el transcurso de las actividades en la Ciudad de Oaxaca, observaron la indiferencia del gobierno estatal para atender los casos de desaparición forzada que existen en el estado, a pesar del dolor profundo de los familiares de las victimas, el gobierno sólo emite la promesa de atender a los colectivos de familiares sin que ello signifique acciones efectivas para la búsqueda y localización con vida de los cientos de detenidos desaparecidos en la entidad.
El gobierno de Oaxaca solapa la actitud del Ejecutivo federal que, ante la exigencia de justicia por los casos de desaparición forzada, la respuesta es “las desapariciones forzadas son herencias del pasado” señalamientos con los que ambos mandatarios pretende eximir su responsabilidad en el cometido de estos casos deleznables, discurso que por mucho que se repitan no esconde la verdad de los crímenes cometidos contra un hermano, un padre, una hermana, un hijo, hija y compañeros de lucha, señaló.
Aseguraron que por mucho que los gobiernos locales de insignia morenista traten de responsabilizar principalmente al crimen organizado en el hostigamiento y ejecución extrajudicial de las madres buscadoras, los casos confirman que se trata de prácticas del terrorismo de Estado que continua su cometido contra el pueblo trabajador.
Por cada crimen que se comete en la presente administración sin ser enjuiciado y castigado, la responsabilidad recae en el jefe supremo de las fuerzas armas, quien tiene la obligación de preservar la seguridad de la población mexicana, de no hacerlo significa la estrategia de seguridad interior que implementa contra el pueblo trabajador.