La legisladora, María Guadalupe Román Ávila, presentó una iniciativa que propone castigar hasta con nueve años de prisión el “huachicoleo de agua”.
En este mismo sentido, el proyecto estipula prisión por tres años a quien extraiga agua de una fuente de abastecimiento y seis años a quien impida su suministro; las penas aumentarían hasta una mitad si la persona es un servidor pública.
“La falta de legislación penal en la materia vuelve indispensable tipificar dicha práctica ilícita, con el fin de preservar este recurso vital para la sociedad y salvaguardar el derecho al agua de toda la ciudadanía”, señaló la diputada.
En este mismo sentido, Román Ávila advirtió que el robo en pozos y perforación de tuberías públicas se ha vuelto cada vez más rentable, al grado de crear un mercado negro que representa un negocio de más de mil millones de pesos para quienes comercializan en él.
La legisladora enfatizó que estas actividades ilícitas han provocado que se agrave el desabasto de agua en muchas ciudades del país, afectando no sólo a las viviendas, sino también a escuelas, hospitales y comercios.