La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó la controversia constitucional interpuesta por el gobierno leonés para impugnar las reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas que conforman la primera parte del Plan B para el Instituto Nacional Electoral (INE).
Fue la presidenta municipal, Alejandra Gutiérrez Campos, quien presentó la controversia constitucional contra la Ley General de Comunicación Social que reduce a su mínima expresión, la posibilidad de que los municipios, estados y federación, contraten publicidad con los medios de comunicación.
Dijo que es su deber defender la autonomía municipal en cuanto a las atribuciones de los municipios, donde hay finanzas y hacienda propia.
“Tenemos tres grandes temas, siendo uno de los más importantes la intromisión de manera constante en cuanto a las atribuciones de los municipios, donde tenemos finanzas y hacienda propia”, señaló.
A este procedimiento, se sumaron 29 municipios a quienes también les fue aceptado el trámite, entre ellos, Acámbaro, Santiago Maravatio, Jaral del Progreso, Coroneo, Dolores Hidalgo, Pénjamo y San José Iturbide.
También las ciudades de Metepec, Chapa de Mota y Huixquilucan del Estado de México y General Cepeda, así como Sabinas en Coahuila, además de los municipios de Durango y Mérida; Corregidora, en Querétaro y Venustiano Carranza, en Michoacán.
Cabe destacar que la controversia constitucional contra la Ley General de Comunicación Social ya fue interpuesta por el CEN del PAN ante la SCJN.
Una de las novedades de dicha Ley es que los tres niveles de Gobierno: municipal, estatal y federal sólo podrán contratar publicidad por el equivalente al 0.1% de su presupuesto total.
Este tema fue presentado también a senadores de la República por parte de la presidenta Ale Gutiérrez, quien exhortó a los legisladores impulsar la autonomía municipal ante la Federación.