Tras del histórico fallo del Tribunal Constitucional (TC), en el que por primera vez en la historia se suspendió un trámite parlamentario en curso, el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, realizó una declaración institucional en la que advirtió que “adoptará las medidas necesarias” para acabar con el bloqueo en el poder judicial.
Sánchez, al igual que hicieron los presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado, Meritxel Batet y Ander Gil, respectivamente, también informó que “acatará” el fallo judicial, con lo que se descartó que siguiera por la senda de sus socios de gobierno de Unidas Podemos (UP), que son partidarios de la desobediencia de la medida y de hacer frente a los jueces en las calles.
El presidente español señaló al derechista Partido Popular (PP) y a sus jueces afines en estar detrás del bloqueo del poder judicial.
En plena controversia por la resolución, la Comisión Europea mostró su respaldo al espíritu de la decisión de los magistrados españoles, al señalar que “cuando se trata de reformas de los sistemas judiciales en los Estados miembro, siempre hemos sostenido que es importante que se consulte a las partes interesadas pertinentes, incluidos, según corresponda, el poder judicial y los consejos judiciales”.