En relación al caso del feminicidio de Ariadna Fernanda, el pasado viernes Vanessa “N”, de 20 años, fue vinculada a proceso como presunta coautora material del feminicidio. Posteriormente, el 13 de noviembre del año en curso la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), a través de sus redes sociales oficiales, informó que Rautel “N” también habría sido vinculado a proceso por su probable participación en el mismo delito.
“Logramos que un juez de control vinculara a proceso a Rautel “N” por su probable participación en el feminicidio de la joven Ariadna. No permitiremos que su muerte quede impune”, escribió la FGJCDMX mediante una publicación en su página de Twitter. Aunado a esto, el 12 de noviembre el diario Milenio expuso que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF), se encontraba investigando las cuentas bancarias de Rautel “N”, así como aquellas empresas de la familia del ya mencionado. Dicha indagatoria, con base en la misma fuente era para poder hallar posibles vínculos del presunto feminicida con las autoridades de Morelos.
En relación a casos desafortunados que se han presentado en el territorio mexicano, como el de Lidia Gabriela, Mónica Citlalli y Ariadna Fernanda, la directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), María de la Luz Estrada, en entrevista para Aristegui Noticias refirió que una y otra vez se exhibe la verdadera capacidad de las autoridades de resolver estos delitos, y es que en México el 90% de los feminicidios quedan en impunidad.
“Lo que han hecho las fiscalías es revictimizar. Al sentirse presionadas, adelantan la información que pone en riesgo una debida investigación”, comentó la especialista, tal como sucedió con la Fiscalía de Morelos, donde incluso Estrada sostuvo que sus declaraciones ante el caso de Ariadna Fernanda han sido “sumamente graves y revictimizantes”.
“Más del 50% de los homicidios de mujeres en México tienen características de haber sido cometidos por razones de género, pero las fiscalías no quieren aplicar el criterio -del decreto de la Suprema Corte de Justicia- de que todas las muertes violentas de mujeres deben de investigarse como feminicidio”, señaló la ya mencionada además de acusar que se están “violando los protocolos de género de las propias fiscalías”.